Nuestro sistema de financiamiento de campañas, según la propia Constitución, debe ser preponderantemente público, lo que implica que los partidos y candidatos deben obtener un acceso equitativo a los fondos o recursos provistos por el gobierno y, a la vez, deben tener igualdad de condiciones de acceso a los recursos privados.

La nulidad de una casilla, votación o elección constituye el último recurso en el derecho electoral mexicano, razón por la cual los extremos de la causa de nulidad deben estar plenamente acreditados y ser determinantes.

Las reformas al artículo 1º convergen con muchas disposiciones que no han sido modificadas desde hace varios años y cuya génesis obedece a un determinado contexto social e histórico que podría ser incompatible con la racionalidad vigente del orden constitucional mexicano.