Legalidad

El principio de legalidad implica que todas las autoridades y los particulares deben ajustar su conducta a lo que dispone el marco normativo vigente. En el ámbito electoral, este principio establece que los actos de autoridades, partidos políticos, candidaturas y ciudadanía deben fundarse en normas expresas y sujetarse a los procedimientos previstos. Cuando alguna actuación se aparta de la ley, puede ser revisada e invalidada por la jurisdicción electoral conforme a la Constitución y la legislación aplicable.