La controversia constitucional es un mecanismo jurisdiccional previsto en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, que permite resolver conflictos de competencia entre poderes u órdenes de gobierno cuando surgen disputas sobre la interpretación o aplicación de normas constitucionales. Este instrumento busca preservar el sistema federal y el equilibrio entre poderes.
La controversia constitucional puede ser promovida por la Federación, las entidades federativas, los municipios, la Ciudad de México, los poderes de la Unión, los poderes estatales, y los órganos de gobierno de la Ciudad de México, cuando consideren que un acto de autoridad invade su esfera de competencia o viola el orden constitucional.
Ajusta el sitio a tu manera. Se guarda solo en este navegador. Atajo: Alt + A.