Acción de Inconstitucionalidad

La acción de inconstitucionalidad es un mecanismo de control abstracto de constitucionalidad previsto en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que permite a órganos legitimados impugnar leyes o actos normativos que consideren contrarios a la Constitución Federal. Este instrumento jurídico constituye una herramienta fundamental del sistema de justicia constitucional mexicano para garantizar la supremacía de la Carta Magna.

El objetivo principal de la acción de inconstitucionalidad es preservar el orden constitucional mediante la invalidación de normas generales que vulneren los principios y derechos establecidos en la Constitución. Entre los sujetos legitimados para promover este medio de control se encuentran el 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados o del Senado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los partidos políticos nacionales, las legislaturas estatales y el Procurador General de la República.