SUP-JDC-1801/2025, SUP-JDC-1825/2025, SUP-JDC-1831/2025

Fecha:

2025-04-10

Asunto:

Postulación de candidaturas únicas en el estado de Durango

Etapa:

Evaluación y selección

Magistratura ponente:

Felipe Alfredo Fuentes Barrera

Temas:

Candidaturas únicas

Votación:

Mayoría

Resumen:

Las sentencias SUP-JDC-1801/2025, SUP-JDC-1825/2025, SUP-JDC-1831/2025 analizan la impugnación presentada por personas aspirantes a magistraturas en el estado de Durango, quienes fueron declaradas idóneas por el Comité de Evaluación del Poder Judicial local, pero finalmente quedaron excluidas del listado de candidaturas aprobado por el Tribunal Superior de Justicia del estado. El problema jurídico central fue determinar si era válido que el Tribunal Electoral de Durango desechara la demanda de los aspirantes, al considerar que ya se había cerrado formalmente la etapa del proceso de postulación y, por tanto, la impugnación carecía de viabilidad de efectos, es decir, no era posible modificar la presunta afectación. La mayoría de la Sala Superior sostuvo que el juicio fue correctamente desechado por inviabilidad de efectos. Por ello, confirmó la resolución del tribunal local, sin entrar al fondo del reclamo sobre la exclusión de las personas candidatas.

Por qué es relevante:

Los casos son relevantes porque representan otro ejemplo en el que una impugnación fue rechazada con base en el criterio de inviabilidad de efectos. Aunque no se abordó el fondo del asunto, lo planteado apuntaba a posibles afectaciones a derechos político-electorales. Las personas inconformes quedaron fuera del proceso a pesar de haber sido evaluadas como idóneas, y los poderes públicos postularon únicamente una candidatura por cargo, lo que podría limitar la competencia y afectar la autenticidad del proceso de selección. Además, como ha ocurrido en otros casos resueltos bajo este mismo criterio, el asunto pone sobre la mesa una cuestión más amplia: la necesidad de contar con mecanismos efectivos para impugnar decisiones en procesos de elección judicial. La falta de estos recursos podría generar cuestionamientos a nivel internacional, al no garantizar una vía real para proteger los derechos de participación.