“Profesionalización, una política pública para el fortalecimiento de la Justicia Electoral en México”, Sec. Plumaje, Revista Digital de la Escuela Judicial Electoral. Animal Político. 5 octubre, 2022.
Disponible en Animal Político.
En La calidad de las democracias en América Latina, Informe para el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) 2014, coordinado por Leonardo Morlino, podemos leer un significado de lo que es una democracia de calidad. Se trata —dice Morlino— de «una estructura institucional estable que permite que los ciudadanos alcancen la libertad e igualdad mediante el legítimo y correcto funcionamiento de sus instituciones y mecanismos”.1/ Calidad en resultado, en contenido y en procedimientos institucionales —agrega— son dimensiones esenciales para desplegar a plenitud los derechos políticos y civiles en las sociedades. La competencia política y la participación ciudadana deben servir como motores para impulsar esa calidad democrática. Y en ese mismo volumen, Daniel Zovatto y Massimo Tommasoli alertaban que para avanzar en el objetivo mayor de lograr democracias de calidad en la región latinoamericana habría que tener presentes cuatro necesidades, con todos los desafíos subyacentes en cada una de ellas:
- Necesidad de recuperar un consenso sobre el concepto de democracia y de defensa colectiva de la misma, que en particular consiste en defender y promover la democracia de calidad ya descrita;
- Necesidad de instaurar elecciones con integridad, esto es, que los comicios ocurran, bajo estándares de valores democráticos y garantía de derechos humanos, y como resultado de una preparación y gestión profesionales, imparciales y transparentes;
- Necesidad de fortalecer las instituciones, mediante el establecimiento de mecanismos claros y transparentes de rendición de cuentas, donde también se busque asegurar un acceso amplio y sencillo a la información pública, y
- La necesidad de incorporar a grupos vulnerables y minorías, y esto es así porque, como advierten Zovatto y Tommasolini, “la democracia moderna de calidad se caracteriza por el respeto y la incorporación de las minorías, de grupos vulnerables y de grupos históricamente subrepresentados, en el entendimiento de que toda sociedad humana es diversa”; de ahí que resulte fundamental impulsar políticas públicas que permitan la incorporación de esos grupos en los procesos de deliberación y ejecución de nuestras democracias.
Bajo esa noción, es posible afirmar que en nuestro país se han dado pasos, aunque aún insuficientes, por avanzar en la construcción de una democracia de calidad. Es evidente que en las últimas décadas la defensa colectiva del concepto de democracia ganó terreno. Asimismo, se han hecho esfuerzos importantes por realizar elecciones con integridad, por impulsar una gradual incorporación de grupos vulnerables y minorías, así como por fortalecer a las instituciones de la democracia. En este último caso quiero referirme al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), institución que nació hace 26 años para fortalecer el sistema de justicia electoral en México. De la mano de avances logrados en términos de equidad y pluralismo político, se lograron los consensos para edificar una institución sólida para la protección jurisdiccional de los derechos políticos-electorales, la atención de impugnaciones, así como para la definitividad y legalidad de actos y resoluciones sobre el sistema de partidos, el de representación y, en general, la calificación de las elecciones en México.
Ahora bien, el Tribunal Electoral no es ajeno a los cambios del contexto. Es por ello que, en un ambiente que se caracteriza, entre otras cosas, por una ciudadanía que busca vías más amplias, accesibles y modernas a la justicia, donde se respeten los derechos humanos y las aspiraciones de inclusión que persigue una democracia de calidad, para el Fortalecimiento del TEPJF identificamos seis áreas de oportunidad estratégicas para avanzar en el fortalecimiento del Tribunal, entre las que destaca la concerniente a la Carrera Judicial Electoral y Servicio Civil de Carrera Administrativa, para garantizar la excelencia y eficacia de las actividades (jurisdiccionales y administrativas) que se llevan a cabo en el Tribunal Electoral.
Es pertinente enfatizar que en el Tribunal la profesionalización de las personas que laboran en sus diversas áreas ha sido un objetivo permanente, con el fin de aumentar la calidad y eficacia de la labor tanto jurisdiccional como administrativa de la Institución. El fortalecimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cruza, sin duda, por acciones que refuercen el profesionalismo de sus integrantes. Esa es la razón por la que en los meses recientes, quienes integramos la Comisión de Administración y la Sala Superior del TEPJF aprobamos una reforma al Reglamento Interno para crear y profesionalizar la Defensoría Pública Electoral. Asimismo, actualmente se discute una propuesta para fortalecer la carrera judicial, y recientemente hemos aprobado una reforma más: la relativa al Servicio Civil de Carrera Administrativa (SCCA).
Un Servicio Civil de Carrera es un término utilizado para referirse a un modelo de gestión estratégica para hacer que las personas servidoras públicas cuenten con una perspectiva de estabilidad laboral basada en sus méritos, en la evaluación de su desempeño y en su contribución a los fines de una institución, así como en la formación permanente para el desarrollo de una carrera profesional dentro del sector público. Bajo este sistema institucional, el reclutamiento, la selección y las definiciones para la ocupación de los puestos públicos se hacen preponderantemente a partir de concursos públicos de oposición, que en forma transparente convocan a la mayor cantidad de aspirantes con el perfil adecuado, en condiciones de igualdad de oportunidades y bajo los principios de paridad y perspectiva de género. La formación y actualización permanentes, por otra parte, constituye otro de los procesos importantes y de obligada implementación. Visto así, todo Servicio Civil de Carrera debe construirse sobre la base de un modelo completo y coherente, cuyo objeto esencial sea organizar las normas y los procesos que garanticen que un determinado cuerpo de personas servidoras públicas cuenten con las capacidades necesarias para cumplir con las atribuciones que le han sido asignadas.
Se busca, entonces, que los “trayectos” de las personas dentro de una institución, una vez que ingresen por concursos públicos transparentes y rigurosos, se refuercen con la formación permanente para el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos para la práctica profesional de sus funciones, y que su continuidad laboral se sujete exclusivamente a sus méritos y a los resultados de su desempeño en su labor. En el ámbito nacional, las experiencias de Servicio Civil de Carrera en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía General de la República, el INEGI, el Sistema de Administración Tributaria, y en el Poder Judicial de la Federación han buscado articular sistemas de profesionalización a partir de dichos principios.
Una política de profesionalización no puede ser diseñada al margen de los objetivos, del entorno y de los recursos propios de una institución. En esa lógica, como una de las líneas de acción prioritarias definidas en el Plan Estratégico Institucional 2021-2024, en el Tribunal Electoral nos propusimos “Rediseñar e implementar el Servicio de Carrera Administrativa sobre bases de igualdad de oportunidades y perspectiva de género, bajo un esquema flexible, funcional y que privilegie la retención de talento, basado en la selección idónea y el desarrollo de competencias de sus integrantes”. Para ello, de los circuitos internos de construcción colectiva de decisiones, pero también escuchando en los últimos meses la voz de especialistas y del propio personal que labora en la Institución, ha resultado una nueva reforma al Reglamento Interno del TEPJF para efectivamente implementar un Servicio Civil de Carrera para las y los servidores públicos de las áreas administrativas. El SCCA deberá regirse por el mérito y los criterios de excelencia en el desempeño, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia, antigüedad, paridad y perspectiva de género e igualdad de oportunidades. También impulsará la adopción de acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad y exclusión laboral. De manera específica, con la reforma reglamentaria se ha articulado una perspectiva más amplia, con mayor certeza, sobre el perfil de diseño y funcionamiento que se le pretende imprimir al servicio civil en esta etapa de fortalecimiento de la vida institucional. Cuatro serán las bases de este sistema de profesionalización en el TEPJF:
- Visión integral del funcionamiento de los principales procesos del Sistema: el reclutamiento, selección, ingreso, movilidad, promoción, capacitación, profesionalización, evaluación del desempeño, reconocimientos, permanencia, separación y disciplina.
- La igualdad de oportunidades y perspectiva de género que, bajo un esquema flexible y funcional, privilegie la retención de talento, la selección idónea y el desarrollo de capacidades o competencias de sus integrantes;
- La evaluación del desempeño, como un subsistema central para la mejora continua y la toma de decisiones sobre la carrera profesional, la capacitación y la permanencia en el sistema de sus integrantes; y,
- La transparencia y máxima publicidad de las decisiones que se tomen en los diversos subsistemas de carrera.
En suma, con esta decisión de robustecer el Servicio Civil de Carrera Administrativa del TEPJF se pretende implementar un mejor modelo para el desempeño de la gestión pública en beneficio de los servicios que se prestan a la ciudadanía y de las personas servidoras públicas que laboran en esta importante institución pública mexicana. Buscamos construir un Tribunal Electoral íntegro, profesional e incluyente, que se traduzca en mayor calidad, excelencia y valor público en los servicios que ofrecemos. Para cumplir con las funciones legales y la misión que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial hemos definido que una política pública de profesionalización es no sólo indispensable, sino que, además, a través de ella se estará contribuyendo a una democracia de calidad en México.
Reyes Rodríguez Mondragón es Magistrado Presidente del TEPJF.
1 Accesible el 10 de septiembre de 2022, aquí (véase pp. 39-40).
